Partido Justicialista de la Ciudad de Buenos Aires | PJ Capital

A través de su espacio Comunarte, el Observatorio de Derechos Humanos presentó una denuncia ante la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires  contra la empresa recolectora de basura Urbasur. Los acusa de desechar las pertenencias de los indigentes que viven en las calles de la ciudad.

La denuncia se basa en el relato de dos de los afectados. Luego de asistir al Hospital Méndez, ambos volvieron a su asentamiento ubicado en el Barrio de Almagro y encontraron que sus pertenencias, según sus vecinos, habían sido desechadas en un camión de basura perteneciente a la compañía Urbasur.

A diferencia de la la UCEP (Unidad de Control de Espacio Publico), Urbasur realiza este tipo de operativos durante el día. Se trata de una prestataria de la Subsecretaría de Higiene Urbana dependiente del Ministerio de Ambiente y Espacio público, a cargo de Diego Santilli.

Hasta ahora los indigentes afectados por estas acciones residen en las calles de Almagro, San Cristóbal y La Boca.

Horacio Ávila, responsable de la ONG Proyecto 7, criticó la política de Macri y el trato a las personas en situación de calle. De hecho, la institucionalización de este tipo de operativos enmascarados es uno de los grandes problemas que deberá afrontar la Defensoría del Pueblo para que se cumplan los derechos humanos y constitucionales.

La indigencia en Buenos Aires tiene su antecedente en la inusitada cantidad de desalojos que se vienen produciendo en la Ciudad. De acuerdo a datos de la Defensoría del Pueblo porteña, la cantidad de desalojos aumentó en un 300%.

Según Ávila esta política “resulta sádica porque están fomentando permanentemente la situación de calle: la semana pasada hubo siete desalojos y en cada desalojo había, fácil, 40 familias ¿A dónde van? A la calle, jamás se trabaja el tema de fondo. Hacen falta soluciones concertadas que sean definitivas, pero no están capacitados ni tampoco quieren darlas.”

Desde el PJ Ciudad procuramos defender los derechos de cada uno de los habitantes de la Ciudad de Buenos Aires, sin distinción de su estrato social y económico, y fomentar una política destinada a la inlcusión y no del castigo a la pobreza.